7 de septiembre de 2011.- El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas,·Valentín Pich y los responsables de las organizaciones especializadas del Consejo; en materia concursal,·Leopoldo Pons, presidente de Economistas Forenses, REFOR-CGCEE, fiscal,·Jesús Sanmartín, presidente de Economistas Asesores Fiscales, REAF-CGCEE y laboral,, Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales, EAL-CGCEE, han analizado las características e implicaciones prácticas de las últimas reformas legislativas.
– Reforma concursal, pendiente de aprobación inmediata y definitiva por el Parlamento
La Reforma concursal, no responde de forma satisfactoria a los problemas que la experiencia nos ha ido dictando, a saber, los institutos preconcursales y paraconcursales del convenio anticipado y la refinanciación, que en parte por ello, han estado muy lejos de ser operativos y en raras ocasiones se viene respetando la denominada par conditio creditorum, ni se están observando vías de eficiencia en los concursos, la viabilidad y tampoco procesos de liquidación medianamente razonables para los trabajadores y acreedores y el resto de la sociedad civil.
Dentro de las soluciones del propio modelo algunas cuestiones abordadas resultan prácticas y de mejor acomodo a la gestión cotidiana del concurso, y aquí habría que enfatizar en el mundo de las comunicaciones e identificaciones de pasivos, acreedores, así como de agilización del proceso de resolución de la insolvencia declarada. No obstante las fórmulas reforzadas de determinados acreedores como son las administraciones publicas, no responden ni a los principios del interés común o general, ni a comportamientos eficientes y de mejor resultado final, y aquí sí se rompe el instituto concursal al establecer··privilegios, que mas allá de acabar siendo beneficiosos para los propios implicados, entorpecen de forma extraordinaria la vida, ya de por sí difícil, de las empresas concursadas.
Apoyamos, en consecuencia, y aplaudimos las remisiones explícitas a un nuevo emplazamiento legislativo, donde con mayor sosiego, que el de los momentos actuales, permita abrir el debate y presentar un modelo realmente eficiente, tanto para la viabilidad como para la liquidación, en el caso de las personas jurídicas, sin olvidar aquí separar los dos casos. También queda pendiente por reformular en profundidad las soluciones para consumidores y familias.
– Reforma fiscal
En el campo tributario y en nuestro país esto se ha visto claramente con las rebajas impositivas de los primeros compases de la crisis como la deducción de 400 euros o el cheque-bebé en el IRPF, o con la disminución de tipos y la libertad de amortización para inmovilizado material en el Impuesto sobre Sociedades. Después, por necesidades de financiación se ha producido un movimiento en sentido contrario, al menos en el IRPF y en el IVA. En el impuesto personal se da marcha atrás en la deducción de 400 euros, en el cheque-bebé y, también, se incrementan los tipos para rentas muy elevadas a la vez que se suprime la deducción de vivienda excepto para las rentas bajas. En el IVA se suben los tipos general y reducido y, en los Impuestos Especiales, ya han tenido lugar varios incrementos. Solo en el Impuesto sobre Sociedades se han mantenido los estímulos tributarios.
Las últimos cambios solo indican que, por un lado, se quieren cuadrar las cuentas de 2011 y, por otro, que no se cesa en la intención de estimular el mercado, en este caso de la vivienda.
Por lo tanto, la política tributaria ha seguido fielmente el comportamiento general de los gobiernos acuciados por la crisis y desorientados por su persistencia.
En estos momentos se plantea si será necesario o no incrementar impuestos para embridar el déficit y cumplir con la reducción del mismo a la que nos hemos comprometido. Este debate se asienta sobre el problema del círculo vicioso en el que hemos entrado: si adoptamos la política tributaria expansiva que necesita nuestro mercado de trabajo incurrimos en un déficit mayor y ello puede ser desastroso y, si hacemos lo contrario, la recaudación se incrementa menos de lo que sería razonable porque la actividad económica se deprime aún más.
Todo parece indicar que los ajustes tienen que hacerse con inusitada finura para que la actividad, al menos, se mantenga y que los ingresos públicos aumenten. Naturalmente se puede jugar también con los gastos públicos, aunque el dilema va a ser el mismo.
– Reforma laboral·
Cuando caen las ventas las empresas sigan atadas de pies y manos a convenios colectivos que no tienen en cuenta su situación real y que no hacen sino asfixiarlas todavía más. Es por ello, de todo punto necesaria una reforma de la negociación colectiva que ligue salarios a productividad y no al IPC, e incorpore la flexibilización de los contratos, evitando de esta forma la sangría que supone el despido de trabajadores como única solución a la reducción de costes.
Es la falta de moderación salarial la que hace recaer todo el peso del ajuste en los parados, si los salarios se hubiesen moderado antes, es altamente probable que no hubiésemos sufrido esta terrible cifra de despidos, o al menos no con tanta intensidad.
Además esta medida debe ir acompañada de una seria y profunda reforma de una negociación colectiva que impone unos límites muy restrictivos a las empresas que generan una alta persistencia de la inflación, pérdidas de competitividad, bajo crecimiento de la productividad y una excesiva volatilidad del empleo.
Para afrontar con garantías una lucha por la competitividad con las herramientas adecuadas, las empresas necesitan aumentar su flexibilidad interna, esto es, dotar a los convenios de empresa de idéntico rango que los provinciales, de modo que cuando exista acuerdo entre el empresario y los trabajadores, puedan descolgarse de forma indefinida de los salarios pactados en los convenios de ámbito superior, medida esta especialmente útil en el caso de las pymes, que actualmente tienen que adaptarse a convenios sectoriales que son adecuados para empresas más grandes, pero que para ellas suponen grandes costes. Es precisamente la falta de flexibilidad interna y la rigidez salarial la que supone que, en nuestro país, los ajustes durante las recesiones se realicen mediante la tan temible destrucción masiva de empleo
Por otro lado, para la mejora de la productividad pensamos que es imprescindible una rebaja de las cotizaciones empresariales, que por otra parte nos equiparan con las estructuras de costes de otros mercados de Europa. Y para su aplicación hay margen para poder realizarlo contra una revisión de··os tipos de IVA, pues seguimos teniendo tipos impositivos más bajos·que en el resto de Europa.
Sigue siendo urgente que se solucione el problema de la flexibilidad laboral, y copiar el modelo alemán que con esta receta evita que los trabajadores pasen directamente a las listas del paro.
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Consejo General de Colegios de Economistas·
El Consejo General de Colegios Economistas, coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos los Colegios Oficiales de Economistas de España, ordena el ejercicio profesional de los Economistas y defiende y protege sus intereses profesionales.
En la actualidad hay casi 50.000··economistas colegiados entre los 33 Colegios existentes.
Desde su creación, el Consejo General de Colegios de Economistas, atendiendo a las necesidades de nuestra sociedad, ha creado los siguientes órganos especializados, que a nivel nacional integran y coordinan la actividad profesional de muchos de los colegiados que ejercen en las siguientes ramas de la profesión económica: Economistas Auditores (REA), Economistas Asesores Fiscales (REAF), Economistas Forenses (REFOR), Auditores de Sistemas de Información(RASI), Economistas de la Educación (OEE), Economistas Asesores Financieros (EAF), Economistas Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF) y Economistas Asesores Laborales (EAL)