Histórica reforma del sistema de pensiones
Tras casi cien días de tensas y difíciles negociaciones (en medio las cuales se atisbó en
algún momento el fantasma de una nueva huelga general y con una crisis de gobierno de por medio que conllevó un más que dirigido cambio en la cartera de Trabajo pasando esta a manos de un Valeriano Gómez de marcado carácter negociador) gobierno y sindicatos alcanzaron por fin el pasado 28 de enero un principio de acuerdo para resolver un problema que corría un grave riesgo de enquistamiento: el sistema de pensiones. Y señalo “principio de acuerdo” con toda la intención, pues, a falta todavía de una mayor concreción de los acuerdos alcanzados, ya hay quien sostiene que son tantos y tan relevantes los flecos pendientes que ni siquiera debería hablarse de principio de acuerdo.
Me gustaría, antes de entrar en materia, hacer una matización que parece que se nos está olvidando en medio de este debate: esta reforma no viene motivada por la crisis, sino a pesar de la crisis, y su causa primigenia no es la economía, sino la demografía. Cada vez
nacen menos ciudadanos y hay más personas mayores de 65 años, con mejor salud y buenas pensiones y eso debe financiarse de algún modo. Creo conveniente recordarlo para centrar el debate.
En mi opinión, debemos partir de un hecho indiscutible: la reforma, tarde o temprano, era inevitable. El sistema necesita un proceso continuo de adaptación a las nuevas circunstancias, porque así lo demandan las condiciones que le afectan: caída de la natalidad, aumento esperanza de la vida y mejora de las pensiones. Cada vez hay más pensionistas por cada trabajador en activo por lo que el sistema necesita readaptarse. Además, la amenaza de una futura carga impositiva elevadísima en caso de no abordar dicha reforma es suficiente justificación para la misma, liberando de este modo recursos para otras políticas muy necesarias en estos momentos, y ello en aras a cimentar una nueva senda de crecimiento sostenible.
Las medidas nucleares de la reforma, sobradamente conocidas ya, van en la buena dirección (jubilación a los 65 años para los que hayan cotizado un mínimo de 38,5 años y a los 67 para los que hayan cotizado al menos 37; ampliación de los actuales 15 años a 25 para el período de cómputo de la pensión) abordan cuestiones que hasta ahora parecían intocables y contienen el calado suficiente para procurar una razonable mejora financiera de la Seguridad Social. Dicho de otro modo, dado que se vive y se cobra pensión por más tiempo, se exige un poco más de contribución y de tiempo de trabajo activo. En general, se puede afirmar que la reforma cuenta con la virtud de mejorar esta proporción entre lo aportado al sistema y lo recibido, mejorando sustancialmente la llamada contributividad.
Asimismo, se han logrado introducir criterios de flexibilidad de modo que la transición hacia la nueva edad de jubilación se hará de forma paulatina y flexible, lo cual quiere decir que, en la práctica, pasará más de una década antes de que el grueso de los trabajadores esté sujeto a la regla de los 67 años y que, por supuesto, no afectará de igual modo a todas las trayectorias ni a todas las profesiones. Todo ello, trasladado a las cifras, se estima que supondrá un ahorro de alrededor de cuatro puntos del PIB a partir de 2030, lo cual contribuye a mejorar significativamente las perspectivas financieras y a favorecer la viabilidad de un modelo que, a día de hoy, está en peligro.
Nos resta, para concluir, dar respuesta a la pregunta del millón: ¿desaparece definitivamente con esta reforma el riesgo de un colapso del sistema?. Es probable que el riesgo quede prácticamente diluido en las próximas décadas -sobre todo si la economía española regresa a tasas de crecimiento superiores al 2%- pero, pensando a largo plazo, sería iluso pensar que esta reforma arregla definitivamente los problemas de la Seguridad Social, por lo que es muy previsible que el intenso envejecimiento demográfico de España imponga nuevos ajustes -entre otros, el que se tenga en cuenta toda la vida laboral- para contener los crecientes costes del sistema, y eso se traducirá en nuevos recortes de las pensiones.
Asimismo, no podemos olvidar otras medidas de gran calado que se vienen reclamando con insistencia como la rebaja de las cotizaciones empresariales. Un solo dato: tenemos actualmente casi 20 puntos de diferencia con una Alemania que registra mínimos históricos en su tasa de desempleo. No se puede soslayar que la confianza empresarial de un país es uno de los pilares principales para la construcción de empleo. Seguiremos atentos.
Roberto Pereira Costa
Coordinador EAL